PARLAMENTO


Sale con fritas. Diputados aprobó ayer modificaciones a la Ley de Descentralización

Luego
de que la Corte Electoral advirtiera en un comunicado sobre importantes
inconvenientes que podría generar la aplicación de la Ley de
Descentralización, ayer en la Cámara de Representantes se aprobaron las
reformas que el Senado introdujo a dicha norma, con los votos
oficialistas y el apoyo parcial del Partido Nacional (PN). El proyecto
pasará nuevamente a la Cámara de Senadores porque se le introdujeron
algunos cambios.

El largo y confuso trámite de la norma que establece nuevas
autoridades locales y su forma de elección dio ayer otro paso en
Diputados, y parece estar cerca del fin de su proceso en el Poder
Legislativo.

Pero eso no significa que esté todo dicho, entre otras cosas porque
la Corte Electoral dio a conocer fuertes críticas a la nueva normativa,
en una “declaración al público” que durante la sesión circuló entre los
cronistas parlamentarios, y a la cual algunos legisladores se
refirieron para criticarla, tanto por su contenido como por el solo
hecho de que se haya divulgado mientras el Poder Legislativo tiene el
tema en sus manos.

En la Cámara de Representantes, los legisladores oficialistas
aprobaron todos los artículos de la ley modificativa, mientras que los
blancos votaron divididos. De todas maneras, según diputados de ambos
partidos casi todas las disposiciones tuvieron amplia aceptación en las
dos mayores bancadas, a excepción de la derogación del artículo 23 de
la ley original (el que convertía todas las juntas locales en
municipios), que no fue votada por el PN.

El artículo 5 establece que la votación municipal (para alcaldes y
concejales) y la departamental (para intendentes e integrantes de
juntas departamentales) se realicen en hojas separadas, y se entendió
que requería dos tercios por tratarse de una norma de carácter
electoral. Logró esa mayoría especial, y, según destacó el legislador
blanco Pablo Ithurralde (Alianza Nacional, AN), eso se debió a los
votos del sector que encabeza Jorge Larrañaga. Pero no fue el único que
llegó a los dos tercios.

Para todos los gustos La sesión se extendió alrededor de seis
horas, no por cuartos intermedios -como había ocurrido en el Senado-
sino por intervenciones de numerosos legisladores.

En la antesala, la bancada blanca presentó, por intermedio de
Sergio Botana (AN), algunas propuestas al oficialismo para “mejorar” el
proyecto, entre las que se incluía la definición de nuevas funciones
para los alcaldes (la “autonomía para la recolección de basura y para
abrir cementerios” fue destacada por Botana), pero el Frente Amplio
(FA) las rechazó. “Eran inconsistentes”, dijo José Carlos Mahía
(Asamblea Uruguay), coordinador de la bancada oficialista.

El primer orador de la sesión fue el diputado del Partido
Independiente (PI), Iván Posada, quien señaló que su fuerza política no
había estado de acuerdo con que el proyecto se tratara en forma
urgente, y explicó por qué considera que se trata de una norma
“inconstitucional”.

El PI se apoya en el artículo 288 de la Constitución, en el cual se
establece que para ampliar las facultades de gestión de las juntas
locales, o para declararlas electivas, es necesaria la “iniciativa del
gobierno departamental” correspondiente. Posada también adelantó que su
partido presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte de Justicia y dijo que la ley “nace renga”.

Botana se explayó, cuando le tocó intervenir, sobre la “vieja
vocación descentralizadora” de los blancos y dijo que su partido es “el
origen de la descentralización”. Si bien adelantó que a los
legisladores nacionalistas “les habría gustado arreglar unos aspectos y
evitar algunas inconstitucionalidades” (se apoyaba la tesis de que
todos los artículos del proyecto requerían la mayoría especial de dos
tercios), también afirmó que los blancos votarían de todos modos, pero
no la derogación del artículo 23. A su juicio, el objetivo de esa
eliminación es “que el gobierno no pierda las mayorías que tiene,
porque sabe que en esos lugares [en las localidades de menos de 5.000
habitantes] la gente es blanca”.

El diputado Álvaro Lorenzo también integra AN, pero discrepó con
Botana, sosteniendo que sólo para algunas disposiciones se necesitaba
la mayoría especial, entre ellas el artículo 5 del proyecto, y también
con Posada (con el que sostuvo una interesante discusión), afirmando
que la definición de potestades del legislativo municipal no choca con
las atribuciones de los intendentes, porque el artículo 262 de la
Constitución establece que “podrá haber una autoridad local en toda
población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley”. No
obstante, tal como había hecho Botana, destacó que la división de
Montevideo en ocho municipios de “forma arbitraria” es ilegal.

No era día de unanimidades en AN: el diputado Javier García
discrepó a su vez con quienes lo habían precedido, al afirmar que no
cree que “éste sea un proyecto de descentralización, porque no hay
autonomía en los recursos económicos de los municipios, sino tan sólo
un aumento de los cargos políticos”. Opuesta visión tuvo el
frenteamplista Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista), quien sentenció
que el proyecto de ley “termina con 200 años de centralización” y
“significará una transformación revolucionaria en el interior del
país”.

La frenteamplista Gloria Benítez (Partido Socialista) afirmó que,
si bien el tema de la descentralización fue muy invocado en 1996,
cuando se discutía la reforma constitucional que eliminó las
candidaturas múltiples a la presidencia de la República y estableció el
balotaje, recién 14 años después se toma una medida al respecto.
También destacó la importancia de la legislación posterior para
corregir problemas que puedan surgir con la aplicación de la norma que
estaba en debate.

Por su parte, el frenteamplista Gustavo Guarino (Alianza
Progresista) sostuvo que “está en juego la descentralización del poder”
y, si bien admitió que “quizá la ley sea imperfecta y le falten algunas
cosas”, consideró que “se va a ir consolidando con experiencia de
gestión”.

Por último, resaltó que “son la mayor parte de las intendencias que
no son del Frente las que no han integrado juntas” locales, poniendo en
tela de juicio la vocación descentralizadora que se había reivindicado
desde el Partido Nacional.

Las reglas del juego El “Comunicado a la población” que emitió la
Corte Electoral hace una breve enumeración de problemas, en la cual se
destaca que (“sin entrar a considerar la constitucionalidad de la ley
vigente”) “las reglas de juego de una elección deben estar establecidas
por el constituyente o el legislador [...] con la antelación suficiente
para que el cuerpo Electoral las conozca y tenga claro qué tiene
derecho a votar y qué está votando cuando ejerce su derecho al
sufragio”.

También sostiene que “el tiempo que media entre el día de la fecha
y la proyectada celebración de esas elecciones municipales es
insuficiente” para que esta última se pueda reglamentar “en tiempo y
forma, dando cumplimiento íntegro a las disposiciones electorales de
carácter constitucional”.

Además, en opinión del organismo “la insuficiencia señalada se
agrava por la ausencia de definiciones legales sobre elementos
esenciales para la estructuración de un acto eleccionario” y éstas “no
pueden ser suplidas por la Corte Electoral”, lo cual “obstaculiza la
realización de dichas elecciones”. El comunicado destaca en su último
punto que “se estarían creando cargos electivos en un momento en que,
conforme a la ley, se encuentra cerrado el período inscripcional”, por
lo que “no todos los habitantes de un municipio inscriptos en el
Registro Cívico están en condiciones de sufragar válidamente para
elegir las autoridades de aquél, por tener su inscripción cívica
vigente en otra circunscripción electoral, aun en el mismo
departamento, y no disponer de la posibilidad de habilitarse para
hacerlo trasladando su inscripción”, por lo que, a juicio de la Corte,
podría tener lugar la situación de que “quien puede ser elegible no
pueda ser elector, lo que violenta un elemental principio en materia
electoral”.

El “Comunicado a la población” fue criticado por el diputado
frenteamplista Juan Carlos Souza (Corriente de Acción y
PensamientoLibertad), pero también por el blanco Lorenzo. Mientras que
el segundo lo consideró “improcedente”, el primero sostuvo que la Corte
Electoral “excedió sus funciones”, sugirió que “debería dar los pasos
el poder que le corresponde [en referencia al Poder Judicial]” y
calificó la acción de “un intento de intromisión en el asunto”.
Santiago Sánchez | LA DIARIA