Desterrando la cultura de la impunidad

El Parlamento Nacional se encuentra en instancias de aprobar el proyecto interpretativo del art. 72 de nuestra Constitución. 

No se está interpretando la Ley de Caducidad. Se está interpretando el art. 72 de la Constitución y el alcance que encierra dicho artículo.

 Por el art. 1º. del proyecto, al interpretar el art. 72 de la Constitución queda determinado que: “el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas del “ius cogens”, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República”.

En su art. 2º a punto de partida de dicha interpretación “se declara que los arts. 1º, 3º, y 4º. de la Ley de Caducidad, presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los arts. 4º, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno”.

En su art. 3º determina que las actuaciones decretadas por Juez competente por aplicación del art. 3º de la Ley 15.848, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada. La Ley de Caducidad obligaba al Poder Judicial a consultar al Poder Ejecutivo respecto a si entendía que una denuncia estaba o no comprendida en la Ley de Caducidad. Y si el Poder Ejecutivo así lo entendía mandaba a que el Juez dispusiera la clausura y el archivo de los antecedentes, violando de esta manera la independencia del Poder Judicial.  Que toda intervención Judicial que haya sido interrumpida por aplicación de la Ley de Caducidad deba continuar y que no podrá computarse a los efectos de la prescripción de los delitos el período transcurrido ente el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

La discusión ha abarcado aspectos políticos y aspectos constitucionales. El presente artículo pretende centrar y ubicar fundamentos en ambos campos.

Aspectos políticos:

En 1989 la ciudadanía fue convocada para pronunciarse respecto a la derogación o no de la Ley de Caducidad. El 57% se pronunció por NO y el 43 % por Si a la derogación. La ciudadanía consagró la permanencia de la Ley de Caducidad y dicha ley no fue derogada.

El Frente Amplio no impulsó la derogación, asumiendo un discurso y una práctica de oposición a la existencia de la misma.

Tampoco estuvo omiso previo a la elección de 2004. En el Congreso de diciembre de 2003 resolvió que de llegar al Gobierno no la iba a derogar y la iba a aplicar de acuerdo a la interpretación que le correspondiera hacer. Nadie discute que primero corresponde interpretar una Ley para su ejecución y lo hizo como se debió haber realizado históricamente si hubiera existido voluntad de dar satisfacción a las demandas de víctimas y familiares en el marco de un Estado de Derecho. Primero investigar, identificar eventuales culpables y si la eventual responsabilidad correspondía a civiles o a militares y policías, ver si quedaban amparados en lo dispuesto por una Ley que aunque considerándola inconstitucional, debía, salvo opinión en contrario de la Suprema Corte, aplicar lo que ella disponía.  Así actuó el Gobierno del Frente Amplio entre 2005 y 2010.

Un proyecto de reforma constitucional en octubre de 2009 planteó la anulación de la Ley de Caducidad.

La opción de reformar la Constitución no alcanzó el 50% más uno de los votos emitidos, para habilitar anular la Ley de Caducidad. El resultado fue por SI 47,98 % del total de votos emitidos. No se pronunció por respaldar la Ley de Caducidad, se pronunció por no reformar la constitución para anularla. No podemos extender el voto del 52,02% como respaldo a la Ley de Caducidad.  Lo único que podemos decir, es que no se llegó al total exigido para que tuviera fuerza el pronunciamiento y por ende la Ley no se anulaba.

Y este proyecto de Ley no anula la Ley de Caducidad.

ALCANCE DEL PRESENTE PROYECTO

El presente proyecto no deroga ni anula la Ley de Caducidad. Hace nacer un nuevo marco legal, que expresa interpretando la Constitución, derechos que son parte integrante del jus naturalismo que la ha inspirado y que preceden (en tanto derechos inherentes a la naturaleza humana) a la propia existencia de nuestra Constitución.

Realiza un pronunciamiento que determina que hay arts. de la Ley de Caducidad que violan preceptos constitucionales y que por ende tienen una ilegitimidad manifiesta y por ende carecen de efectos jurídicos.

Entrada en vigencia la Ley llevará a los jueces, al interpretarla para su aplicación, a definir si comparten o no su texto, y si no lo comparten, para desaplicarla, deberán elevar el recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ para que en esa causa no se aplique.

A partir de ahora si alguien entiende que la Ley de Caducidad es inconstitucional deberá proceder ante la Suprema Corte de Justicia para que así se le declare. Y si alguien cree que la actual Ley es inconstitucional también deberá apelar a la Suprema Corte para que así le sea declarada.

En todo caso estamos devolviendo al fuero jurisdiccional (o sea al Poder judicial) lo que nunca debió haber salido de él. Y ubica en igualdad de condiciones a las partes, tanto a las víctimas o sus familiares como a quienes sean sindicados como eventuales victimarios.

Problemas jurídicos Constitucionales:

No existe ninguna limitación constitucional que limite las atribuciones asignadas a la Asamblea General, con relación a legislar sobre temas que sean puestos a su consideración.

El Prof. Dr. Justino Jimenez de Aréchaga analiza lo relativo al ejercicio de la soberanía y expresa:

  El art. 4º. de nuestra Constitución determina que: “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes,

Expresa el Prof.  Justino Jimenez de Aréchaga, en las siguientes citas:

“¿Abandonó realmente nuestro sistema constitucional, en 1934, el régimen representativo? Esto nos obliga a volver sobre lo que expusimos al estudiar el Art. 4º, en cuyo estudio aludimos ya este Art. 72.”

“Debemos comenzar por recordar que la Constitución del 34 no confunde la Nación con el Cuerpo electoral. Obsérvese el propio Art. 72 (art. 82 actual): la Nación adopta para su gobierno la forma tal; su soberanía, la soberanía de la Nación, será ejercida por el Cuerpo electoral. Vale decir que los entes “Nación” y “Cuerpo electoral” aparecen perfectamente diferenciados: Nación es raíz del poder, sede de la soberanía; Cuerpo electoral es simple mecanismo para el ejercicio de cierto modo particular de la soberanía, en casos determinados por la Constitución.”

“Por lo demás, que el Cuerpo electoral no es el soberano, sino que lo es la Nación, resulta por texto expreso del Art. 4º antes citado.”

“Solamente se encomendó al Cuerpo electoral la realización de ciertos actos de soberanía, pero en representación del soberano. El Cuerpo electoral actúa en esos casos con todas las limitaciones con que actúan los otros cuerpos representativos.”  

“Aunque la expresión “representativo” se use en el Art. 72º (actual art. 82)  sólo en relación a los otros Poderes, el Cuerpo electoral no aparece sino como un Poder representativo de gobierno.”

“Ahora bien: estos Poderes ya no reciben la “delegación de la soberanía”, como lo postulaba la Constitución del 30. Las palabras “se delega” fueron suprimidas. Simplemente ejercen la soberanía de la Nación, sin que ella delegue ni la soberanía ni su ejercicio.”

“La verdad es que la distinción entre órganos que ejercen la soberanía de la Nación y órganos a los cuales es delegado el ejercicio de la soberanía de la Nación, es nula.”

“¿Por qué se ha suprimido la expresión “se delega el ejercicio de la soberanía” en relación al Cuerpo electoral?”

“¿Por qué los Constituyentes pensaron que el Cuerpo electoral no ejercía algo que le hubiere sido delegado, sino un poder que le era inherente?.”

“No, porque ya la Constitución ha dicho que a quien es inherente el poder, no es el Cuerpo electoral, sino a la Nación.”

“Parecería que la única diferencia que existe entre la situación jurídica del Cuerpo Electoral y la situación jurídica que cabe a los demás Poderes, es la que resulta de la palabra “directamente” utilizada en relación al Cuerpo electoral, e “indirectamente” utilizada en relación a los demás poderes.”

“Que el Cuerpo electoral no actúa como soberano resulta, por otra parte, de la frase final del Art. 72º, (actual art. 82) que establece que tanto el Cuerpo electoral como los Poderes representativos actuarán conforme a las reglas que se determinan en otras disposiciones de la Constitución; es decir, que actuarán supeditados a lo que establezca la Constitución.”

“Por todo esto, yo pienso que el Cuerpo Electoral, en la teoría de la Constitución actual, no es más que un órgano representativo de la Nación. Si se quiere, un órgano más inmediatamente representativo de la nación que los que integran los otros Poderes del gobierno;

Hasta acá algunas citas del Prof. Jimenez de Aréchaga, a quien la doctrina reconoce como uno, sino el más destacado profesor de Derecho Constitucional, que ha tenido nuestro país.

Y siendo tan representativo el Cuerpo Electoral como el Parlamento, es tan legítimo respaldar lo que expresó el Cuerpo Electoral, como lo que puede expresar una fuerza política en el Parlamento respaldando su programa de Gobierno.

En el programa de Gobierno presentado a la ciudadanía en las elecciones de 2009, en Líneas de Perspectivas para el próximo quinquenio (2010/2014) en la página 130 plantea:

Quiere decir que tiene legitimidad republicana respaldar los contenidos de un programa de gobierno.

Resumiendo:

Esta Ley no deroga ni anula la Ley de Caducidad. Interpreta el art. 72 de la Constitución de la República y a punto de partida de dicha interpretación se hacen nacer nuevas normas que expresan las contradicciones que encierra la Ley de Caducidad con los preceptos constitucionales y determina ante esas contradicciones cómo se debe proceder por parte de los tribunales.

Si alguien entiende que la Ley es inconstitucional podrá remitirse a la Suprema Corte de Justicia solicitando su inconstitucionalidad. Lo mismo que deben hacer y hacen hoy, quienes entienden que la Ley de Caducidad es inconstitucional.

El valor sustancial de la Ley que se aprueba radica en que se está devolviendo al fuero del Poder Judicial lo que nunca debió haber salido del mismo.

Y en una sociedad democrática, que la solución de los conflictos o tensiones que puedan existir dentro de la misma, pasen a ser dirimidas ante el Poder Judicial, sin intervención de otro poder del Estado y que sea en ese ámbito donde se diriman las controversias y las responsabilidades que puedan surgir, fortalece la convivencia actual y futura.| UNOMASUNO - PUBLICACION DE LA VERTIENTE ARTIGUISTA - ABRIL 2011