PARLAMENTO

De atrás
Aprobación de la Reforma Procesal Penal será prioridad en gobierno blanco o frenteamplista

Comenzó
ayer el tratamiento en la Comisión de Legislación y Constitución del
Senado del proyecto de reforma que comenzó a debatirse en setiembre de
2006, en el marco de la puesta en marcha de la Ley de Humanización del
Sistema Carcelario. Tanto en el ámbito partidario como en el jurídico
se coincide en que el sistema procesal inquisitivo que rige hoy en
nuestro país lo deja mal parado frente a la legislación internacional y
lo coloca en una posición de atraso con respecto al resto de América
Latina.

El mes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
reprendió al Estado uruguayo por no haber cambiado el proceso penal
como recomendó el instituto de la Organización de Estados Americanos
(OEA). La resolución exhortó a “la modificación de las disposiciones
legislativas o de otro carácter, a fin de hacerlas consistentes en un
todo con las normas de la Convención Americana que garantizan el
derecho a la libertad personal”, y respondía al reclamo presentado por
los hermanos Dante, Jorge y José Peirano Basso por permanecer en
prisión sin condena, situación en la que están muchísimas más personas.

Justamente ésta es una de las reformas que incluye el proyecto
basado en el sistema acusatorio, en el cual -entre otras cosas- al
agilizar el dictado de sentencias, el procesamiento dejaría de ser una
opción para asegurar que el acusado fuera preso y no se mantendría en
la cárcel a gente no condenada, salvo excepciones.

La senadora frenteamplista Margarita Percovich (Vertiente
Artiguista) señaló como una de las virtudes de la iniciativa que se le
dé protagonismo a la víctima, que en determinadas circunstancias tendrá
la posibilidad de intervenir presentando pruebas e incluso de sugerir
medidas: por ejemplo, pedir que se interrogue a determinadas personas.
También destacó que, una vez que se aplique la prisión preventiva, el
magistrado que haya llevado adelante la instrucción no podrá seguir
actuando en las etapas sucesivas del proceso, sino que corresponderá
convocar a otro.

Además habrá “jueces de ejecución y vigilancia”, para intervenir en
todo lo concerniente a la protección de los derechos humanos en el
ámbito carcelario, con facultades decisorias para dar cuenta de
situaciones de maltrato y actuar en consecuencia.

Percovich piensa que sentencias más rápidas ayudarán a
descongestionar las cárceles. Esa opinión no es compartida por el
senador blanco Carlos Moreira (Alianza Nacional), pero en todo lo demás
el oficialismo y la oposición parecen coincidir: entienden que Uruguay
debe aggiornarse a la legislación internacional y que, una vez que se
apruebe la reforma, habrá que aplicarla de forma progresiva para que no
se “desprestigie”.

“Estamos todos de acuerdo en que debe aprobarse. Esto no es un tema político, es un tema que nos corta de forma horizontal.

Esta reforma es algo largamente reclamado y con el actual sistema
inquisitivo venimos en la cola en América Latina”, señaló Moreira.

“El Ministerio de Economía ha participado en la redacción del proyecto con mucha sensatez.

Debe aprobarse en los primeros meses del año que viene para incluir
los costos de la creación de cargos e infraestructura en el próximo
presupuesto quinquenal y comenzar su implementación por departamento”,
apuntó Percovich.

Asimismo, la legisladora advirtió que para entonces habrá una
comisión técnica financiada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (Unifem) que estudiará éste y todos los proyectos
parlamentarios desde la perspectiva de género.

En ese sentido advirtió que “hay mucho disparate en la redacción actual”.

El presidente de la comisión redactora de la iniciativa, Dardo
Preza, recordó en diálogo con la diaria que el proyecto fue entregado
el 20 de agosto al ministro del Interior, Jorge Bruni, ya que ese
ámbito de trabajo fue creado por la Ley de Humanización del Sistema
Carcelario, en 2006 y a instancias del entonces ministro José Díaz. Una
semana después, la iniciativa fue trasladada al presidente de la
Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, y ayer Preza encabezó una
delegación que la defendió en la Comisión de Legislación y
Constitución.

LR| LA DIARIA